No somos culpables de la crisis económica y del paro

Derecho a una sanidad pública universal, de calidad y sin copago

Ahora se cumplen 25 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), mediante la cual todos los españoles y  todos los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional tienen derecho a la protección de la salud reconocido por la Constitución Española. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, también tienen garantizado tal derecho, en la forma que las leyes y los convenios internacionales tengan establecidos.

La financiación de la asistencia sanitaria se realiza con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, a través de los impuestos generales que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos (IVA, IRPF, IS, etc.). A partir del 1 de enero 1999 es cuando el Estado asumió íntegramente la financiación de la asistencia sanitaria, mediante la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 1999. Anteriormente a esta fecha, la asistencia sanitaria se financiaba a través de las cotizaciones sociales del Sistema de Seguridad Social.

Por ello, la asistencia sanitaria no es gratuita, como muchos pretenden hacernos creer, ni es ahora gratuita, ni lo ha sido nunca, sólo ha cambiado el sistema de financiación, antes, a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, ahora, a través de los impuestos generales (IVA, IRPF, IS, etc.), además de un nuevo impuesto indirecto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos al objeto del sostenimiento del Sistema de Salud, que puede ser incrementado por las Comunidades Autónomas. Con el cambio de sistema de financiación, la asistencia sanitaria que antes solo cubría a las personas cotizantes y a sus familiares directos, ahora, al financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado pasa a convertirse en un derecho de todos los ciudadanos.

Con los impuestos que estamos pagando los ciudadanos ya estamos financiando la asistencia sanitaria. ¿Ahora, que pretenden aquellos que argumentan que es indispensable establecer un copago para financiar la asistencia sanitaria?. Lo único que pretenden, no es el mantenimiento de la financiación de la asistencia sanitaria, si no el de disuadir a las capas sociales con menos recursos económicos para que dejen de visitar con mayor frecuencia los centros de salud.

Aspecto diferente es que la asistencia sanitaria requiera de más recursos financieros al haber aumentado la población y estar más envejecida, al incorporase nuevas demandas asistenciales de la población o la aplicación de nuevas técnicas y avances científicos de la medicina que requieren mayores recursos económicos. Si bien es cierto, que el Sistema de Salud requiere cada día más recursos financieros, no es menos cierto que estos se pueden compensar con una reducción de los costes de los servicios mediante una mejor racionalización de los recursos disponibles y una mejor gestión de los mismos, debiéndose desburocratizar las Administraciones Sanitarias de las Comunidades Autónomas. Los ciudadanos necesitamos profesionales que puedan atender nuestra salud y no burócratas en demasía, muchas veces innecesarios.

Además, hay que acabar de una vez por todas con los tópicos falsos que se vierten con demasiada frecuencia en los medios de comunicación y que son asumidos por algunos ciudadanos:

No es cierto que los emigrantes ilegales se aprovechen del sistema sanitarios, nada más lejos de la realidad, aunque no paguen impuestos directos, si pagan impuestos indirectos (cuando compran alimentos u otros bienes están pagando el correspondiente IVA, además del impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos con los que están gravados los productos que compran al ser producidos, transportados y distribuidos), y por tanto, aunque en menor medida, contribuyen a financiar la asistencia sanitaria.

Cualquier ciudadano contribuye al sostenimiento de los servicios del Estado con aportaciones distintas, según sean sus circunstancias personales, familiares, profesionales, financieras, etc., y, por supuesto, cuando la atención sanitaria dependía de cuotas de Seguridad Social, la cotización era diferente en función de los salarios que se percibían (generalizando, a mayor salario mayor cotización) mientras que el aprovechamiento de los servicios no estaba en función de lo que se pagaba al Sistema sino de la existencia de un estado de necesidad (la falta de salud) y del número de personas dependientes del titular del derecho y cotizante. Así un trabajador que solo cotizaba al Sistema de Seguridad Social por el salario que él percibía, y del que se consideraba que dependían económicamente esposa/o y 10 hijos, se beneficiaba potencialmente del sistema sanitario de la Seguridad Social 11 veces más que un ciudadano soltero y sin hijos, ya simplemente por el número de personas que por la cuota que pagaba el trabajador podían obtener prestaciones sanitarias del Sistema. Si a esto unimos el que el trabajador soltero y sin hijos podía aportar cuotas superiores que el anterior por ser su salario mayor, los principios esenciales de ambos sistemas de financiación no difieren: solidaridad, reparto, redistribución de rentas, relativa progresividad, etc.

A igual prestación o atención sanitaria, antes y ahora, dos ciudadanos en España, sean españoles o extranjeros, y en estos últimos sean legales o ilegales, no contribuyen con la misma cantidad de dinero, como tampoco lo hacen para la reforestación de terrenos o para la construcción de una autovía. Unos aportaban y aportan más que otros, tanto con el sistema de financiación a través de cuotas sobre los salarios, como con el sistema actual, y unos se benefician más que otros aunque éstos no sean precisamente los que han aportado más.

Que los ancianos y pensionistas tampoco contribuyen al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud, lo que es falso por las mismas razones del punto anterior, a las que se añade que éstos sí pagan impuestos directos y que sostuvieron la Asistencia Sanitaria cuando era prestación del Sistema de Seguridad Social con las cuotas que aportaron durante el tiempo en que fueron trabajadores o empresarios, permitiendo con ello que por el sistema de reparto que regía dicho Sistema otras personas pudieran beneficiarse.

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