No somos culpables de la crisis económica y del paro

España, doce años de ceguera

Economistas franceses, miembros del grupo “Economistas Aterrados”, ven con inquietud el futuro de España si no hace un cambio de políticas. Según dichos economistas, el modelo de desarrollo español es el germen de las dificultades que tiene España para salir de la crisis, porque el crecimiento se basó en la construcción y los servicios, dejando que el país se desindustrializase, siendo este su primer punto débil. Además, de la subordinación de los sectores productivos al sector financiero.

Este grupo de economistas público el pasado año el “Manifiesto de Economistas Aterrados”, a fecha de hoy, este “manifiesto” ha sido firmado por 6.144 personas, siendo sus primeros firmantes 3.095 economistas y otros profesionales.

Este martes, Henri Sterdyniak y Dominique Plihon, han presentado en el Instituto Francés Madrid , su nuevo libro “Europa al borde del abismo”, en el que se dedica un capítulo al caso español: “España, doce años de ceguera”, cuyo contenido transcribimos a continuación.

España, doce años de ceguera

Dominique Plihon et Nathalie Rey, Economistes atterrés, Université Paris-Nord.

España sigue una trayectoria original en comparación con otros países de la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la dictadura de Franco, España experimentó un período de aislamiento, al igual que su vecino Portugal. No habiéndose beneficiado del rápido movimiento de desarrollo económico de la Europa occidental. Sin embargo, desde el año 1960, España entró en un proceso de ponerse al día. El PIB per cápita pasó de 66% a 70% del de los franceses desde 1963 hasta 1970. Una política de modernización fue llevada a cabo, con la reestructuración de los principales sectores la economía española (la agricultura, la construcción naval, la siderurgia, los textiles), lo que dio lugar a un dramático aumento del desempleo del 1,9% al 17,7% desde 1965 a 1975. En 1977, dos años después de la muerte de Franco, España solicita oficialmente la adhesión a la CEE. A partir de 1986 con la entrada en la CEE, comenzó una nueva fase de expansión.  Con la ayuda de los fondos estructurales, España ha modernizado su infraestructura obsoleta. Tras la liberalización del comercio en España, se incrementaron los intercambio comerciales. Sus importaciones crecieron más rápidamente que sus exportaciones, España sufrió un progresivo deterioro de su balanza comercial, que alcanzó el 3,7% del PIB en 1992. Los controles de capital se retiraron, la inversión directa y extranjera de cartera afluyeron. La economía española se volvió más sensible a restricción exterior. Al tener una tasa de inflación superior a la de sus socios europeos, España, que había logrado estabilizar su tipo de cambio de 1983 a 1992, es víctima de la crisis del SME de 1992-93, su moneda se deprecia más de un 20%, para restaurar su competitividad y dar un impulso a su economía. A partir de 1995, el gobierno español ha hecho todo lo posible para cumplir con los criterios de convergencia nominal impuesta por el Tratado de Maastricht [La convergencia nominal de Maastricht se basa en cinco criterios: inflación, tasas de interés, tipos de cambio, el déficit y la deuda] que permitirá a España su integración en la unión económica y monetaria desde su creación en 1999. La trayectoria europea de España fue considerada un éxito, por lo que las cifras de este país mejoraron, considerándolo el mejor alumno de la clase en Europa. Sin embargo, la aplicación entusiasta de las políticas neoliberales, y mal funcionamiento de la zona del euro, han llevado a España por los caminos peligrosos de la financiación y la desindustrialización. Tanto es así que el futuro de la economía española se volvió incierta después de la conmoción de la crisis financiera, sobre todo porque la política la austeridad llevada a cabo por los sucesivos gobiernos sólo puede agravar la situación económica y social del país.

España, buen alumno de la Europa neoliberal

Las realizaciones económicas de España parecen excelentes desde el año 1995. La tasa de crecimiento es una de las más altas, que ascienden a una tasa promedio del 3,9% anual  entre 1997 y 2006, frente al 2,5% para la Unión Europea y 2,3% para la zona del euro. En 2006, España es la 5ª economía de la Unión Europea con un PIB que representa el 8,5% de la de la Unión y el PIB per cápita es de más de 5 puntos superior a la media de la Unión Europea. El desempleo también baja debido a un crecimiento del empleo, especialmente en los servicios. La tasa de desempleo, que era una de las más altas de Europa, pasa del 20% en 1994 al 8,5% en 2006, inferior a la media de la zona del euro. Las finanzas públicas experimentando un cambio radical, gracias a un fuerte crecimiento del balance público. Así, desde un déficit del 6,6% en 1995 se pasa a un superávit del 2% del PIB en 2006, y la deuda pública de 68,1% (el máximo) en 1996 a 39,7% en 2006. En la víspera de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, España fue uno de los países más virtuosos de la zona del euro y de la Unión Europea en materia de finanzas públicas.

Sin embargo, estos buenos resultados económicos son engañosos, ya que se debieron a factores excepcionales que los líderes españoles, discípulos fieles los principios neoliberales, no los aprovecharon para cerrar el retraso de España en materia de protección social. En primer lugar, España se ha beneficiado de los efectos positivos de la integración en el espacio europeo económico y monetario. Por lo tanto, menores tasas de interés asociadas con la entrada en el la zona del euro (En España, las tasas de interés pasaron del 13,75% en diciembre de 1992 al 3,5% en diciembre de 2006. En Alemania, pasaron del 8,75% a 3,5%), permitido una disminución de 3 puntos porcentuales del PIB en los pagos de intereses del Estado Español. España es también el país de la zona del euro, que absorbió la mayor cantidad de los fondos europeos (principalmente de los fondos estructurales, de cohesión, de la política agrícola común y del Fondo Social Europeo). Desde su incorporación a la UE, las transferencias de fondos europeos ascendieron por término medio el 0,8% del PIB anual. Finalmente, la aplicación de la doctrina neoliberal por los dirigentes españoles supuso llevar a cabo privatizaciones en masa. Entre 1996 y 2001, se privatizaron 43 empresas que reportaron al Estado español más de 32 mil millones de euros. Estas recetas junto con los recursos provenientes de los Fondos Estructurales Europeos, facilitaron el retorno a los presupuestos equilibrados, alcanzado en 2003, que fue una de prioridades del gobierno conservador de José María Aznar en el poder desde 1996 a 2004. Durante este periodo, España fue uno de los pocos países de la zona del euro que respetó estrictamente los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. (El Pacto de Estabilidad establece los límites del 3% del PIB para el déficit, y el 60% del PIB para la deuda pública).

Sin embargo, España ha pagado un alto precio por ser el mejor alumno de la Europa neoliberal: el Estado del bienestar español se ha quedado atrás en comparación con la mayoría de los países de la UE. De 1995 a 2005, la participación en el PIB del gasto social español disminuyó (del 23,8% al 21,1%), lejos del nivel medio de la zona del euro (de un 29%). El retraso de España es importante en materia de política familiar y de política educativa,. En 2006, el 19,9% de la población española vivía con ingresos por debajo del umbral de la pobreza (19,6% para Italia y el 12,5% para Alemania y el 13,2% en Francia).

Un éxito engañoso, que conduce a la desindustrialización

De 1997 a 2005, la economía española creó 4,5 millones de puestos de trabajo, es decir, más de un tercio de los puestos de trabajo creados en la zona del euro durante este mismo período. Esto explica la fuerte disminución del desempleo, que ya se ha mencionado. Esta tendencia es aún más notable en la población con edad de trabajar que ha aumentado considerablemente (2,9% anual frente a sólo el 1% en el resto de la zona del euro), y la tasa de participación femenina ha aumentado rápidamente desde 43,3% a 56,8% entre 1995 y 2005. Dos sectores con alta intensidad de mano de obra representan la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo: la construcción, 20%, y los servicios con un 70% entre los que están la hostelería (21%), las administraciones públicas (19%), los servicios a empresas (15%) y los servicios a la persona (11%). Esta evolución favorable tiene un retroceso importante: el crecimiento del empleo ha sido más fuerte en España porque la productividad del trabajo se  desaceleró más rápido que en el resto de Europa. La productividad aparente del  trabajo se ha estancado en España desde 1997 a 2005, mientras que la productividad aumentó en un 0,8% en la zona euro, un 1,3% en Francia y el 1,5% en Alemania. La regularización de los trabajadores ilegales jugó un papel muy importante en la evolución observada. Las empresas tenían donde elegir para sustituir trabajadores y capital y así poder sacar el máximo provecho de la mano de obra barata. Como resultado, el esfuerzo de inversión era menor, especialmente en nuevas tecnologías. La proporción de gasto en investigación y desarrollo (I + D) representaron sólo el 1,2% del PIB español en 2006 y 1,4% en 2009, frente al 1,8% y 2% en la UE-27, el 2,5% y 2,8% en Alemania y el 2,1% y 2,2% en Francia. Que obviamente es desfavorable para la competitividad y el comercio exterior de España.

El proceso de privatización de las empresas públicas emprendido a partir de 1993 tiende a acentuarse. Otra característica del desarrollo económico de España, es la existencia de un reducido número de empresas, denominadas “campeones nacionales” (Repsol, Sacyr, Telefónica, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Abertis, Zara y Mango). Estos “campeones” desarrollaron sus actividades a nivel nacional, pero consiguieron sobre todo desarrollar su actividad a nivel internacional, practicando una política de adquisiciones en el extranjero. Entre 1990 y 2006, las treinta empresas españolas más grandes en términos de capitalización de mercado puso de manifiesto, por sus acciones, mayores niveles de rendimiento que otras grandes empresas europeas.

Este éxito enmascarar la debilidad del tejido industrial español. Al basar su desarrollo en los sectores de construcción y servicios, España inició un proceso de peligrosa  desindustrialización. En 1997, el 21% del valor agregado de la economía Española fue creado en la industria, el 65% en los servicios, el 7% en la construcción y el 5% en la agricultura. En 2007, la industria española no crea más del 17% del valor añadido frente al 12% para la construcción y el 68% para los servicios. Realiza el 7,5% de las ventas de negocio industrial en la UE-27, mientras que las industrias alemanas y francesas realizan el 26,1% y 12,9%. Dominada por tres sectores (alimentos, bebidas y tabaco; metalurgia y productos metálicos; transporte) dependientes del mercado interno que absorbe las tres cuartas partes de la producción, la industria española es muy vulnerable en caso de recesión. En 2009, España tiene su nivel más bajo de producción industrial desde el año 1996.

Por otra parte, si las empresas españolas han creado muchos puestos de trabajo desde mediados de la década. Década de 1990 hasta la crisis en 2007, cabe señalar que lo hicieron con el crecimiento casi cero en los salarios reales. Varios factores explican este estancamiento salarial. De una parte, el uso extensivo de empleos no calificados y la gran afluencia de trabajadores inmigrantes mal pagados han ejercido una presión a la baja sobre los salarios. Por otra parte, los gobiernos realizaron reformas denominadas “estructurales” de inspiración neoliberal del mercado de trabajo, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de las autoridades Europeas. Las leyes laborales en materia de contratación y de despido, que fue muy estricta durante la época de Franco, se relajó en 1984. Lo que provocó una precarización de las condiciones de trabajo. Los gobiernos conservadores y socialistas introdujeron muchas reformas desde la década de 1990 cuyo resultado global fue el de aumentar la proporción de contratos temporales (especialmente en el sector público) y crear los términos menos generosos de compensación por desempleo. En 2011, un desempleado español goza de una compensación mensual bruta, dependiendo de la duración de su contribuciones, entre 497 y 1.087 euros. Entre junio de 2000 y junio de 2011, el salario mínimo aumentó de 495,6 euros a 748,3 euros (51% en 10 años) y sigue siendo uno de los más bajos de Europa, muy por debajo de los de Francia (1.365 euros) e incluso de Grecia (863 euros). Sin embargo, los costos laborales medios en España ha crecido más rápido que en la zona del euro, debido a la baja productividad del trabajo, que es obviamente desfavorable para la competitividad española. Por otra parte, la participación de los salarios en el valor añadido, estimada en 38,8% durante el período 2001 a 2009, está por encima del nivel medio en la zona del euro (37,8%).

Un modelo de desarrollo insostenible

Hemos visto que había un “backstage” (escenario) de buenos resultados de la economía española en materia de crecimiento, en materia de empleo y en materia de finanzas públicas: la insuficiencia del estado del bienestar, la baja productividad, el estancamiento del poder adquisitivo de los salarios y la precariedad de los empleos, la desindustrialización, el endeudamiento privado. De hecho, a pesar del aspecto halagador lo que nos hace creer en un “milagro español”, el régimen de desarrollo de España desde la entrada de la misma en la CEE en 1986, no es sostenible. Hoy en día, la economía española sufre de dos males perniciosos: la financiarización excesiva, y la falta de mecanismos de ajuste entre los países de la zona euro para sustituir los ajustes de los tipos de cambio. Estos profundos desequilibrios, es lo que explica el por qué España se desestabilizó profundamente con motivo de la crisis financiera que comenzó en 2007.

España es un país donde la evolución de la inflación se mantuvo significativa con un aumento promedio de precios al por menor en un 3,5% entre 1990 y 2010, la cual está significativamente por encima de la inflación en la zona euro (3%), y sus principales socios y competidores Italia (3,1%), Francia (1,8%) y Alemania (1,9%). En una unión monetaria, donde los tipos de cambio son fijos entre los países miembros, esta desviación persistente de la inflación tuvo efectos negativos en la economía española. Por un lado, esto dio lugar a una sobrevaloración de los precio españoles y condujo a un deterioro de la competitividad y del comercio exterior. El déficit español por cuenta corriente es una de las más altas de la zona del euro. Alcanzó el 10% del PIB en 2007, antes de la crisis, y el 4,8% del PIB en 2010.

Por otro lado, la elevada tasa de inflación se ha traducido en una baja tasa de interés real, medido por la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Estimado en el 0,8% para España durante el período 1999-2007, frente al 2,4% y 3,1% para Francia y Alemania, esta baja tasa de interés real ha estimulado en gran medida el endeudamiento de los agentes privados. Desde la entrada en la UEM, que provocó una disminución de las tasas de interés, los hogares y las empresas españolas cambiaron su comportamiento, lo que redujo su esfuerzo de ahorro y el aumento de su deuda privada. La tasa de endeudamiento de las empresas se duplico, del 65% al 135% del PIB de 1995 a 2010. Lo que favoreció la inversión de las empresas, especialmente en el sector de la construcción a partir del año 2001. Los hogares aumentaron fuertemente sus gastos desde el 2001. A medida que su poder adquisitivo se estancó, tuvo que financiarlo con el superávit de bajar su tasa de ahorro y un incremento significativo en su ratio de deuda se duplicó del 65% al 130% de sus ingresos disponibles de 1995 a 2005, siendo uno de los niveles más altos de la UE. Con esta deuda se realizaron la mayoría de las compras de viviendas. Los hogares gozaron de de préstamos hipotecarios a tipos de variables, estando entre los más bajos de Europa. En términos reales, dada la inflación, las tasas de interés de las hipotecas eran casi cero en el inicio de la década de 2000. Esto dio lugar a un dramático aumento de los precios inmobiliarios (180% 1997 a 2005). En un principio, este aumento de precios fue causada por la demanda creciente de los hogares al acceso a la vivienda relacionados con los factores financieros y demográficos (fuerte  aumento del número de hogares). Pero a partir de entonces, los precios fueron al alza impulsados por las expectativas de futuros aumentos, lo que lleva a un proceso de burbuja especulativa.

España duramente golpeada por la crisis: ¿el fin del “milagro”?

A finales de 2011, España forma parte de los países vulnerable de la zona euro, aunque su situación parece menos crítica que la de Grecia o Portugal. El crecimiento español, que fue uno de los más altos de la zona euro cayó con fuerza desde el 3,9% en 1996 en 2007 al 0,9% en 2008 y al -3,7% en 2009.En total, la caída sería del 2,9% 2007 a 2010, que es superior a la zona del euro (2,1%). Esta fuerte desaceleración a raíz de la crisis, también proviene de los factores especiales mencionados anteriormente, que fue lo que contribuyó al auge español, que desaparecieron con la reducción de las transferencias de la UE, la subida de los tipos de interés, el colapso del sector inmobiliario. Durante el período 2007-2013, el importe de los fondos transferidos de la UE a España se redujo en casi un 50%, pasando de 62.300.000.000 a 32.500.000.000 de euros. La disminución de la ayuda europea se justifica por el aumento del crecimiento económico español más elevado que la de otros socios europeos, y por la entrada en la Unión en 2004, de los países los más pobres, que aumentó el ingreso per cápita de los españoles el 85% de la media de la UE-15 al 98% de la media UE-25. Pero la principal causa de la crisis económica es la fuerte caída en el número mensual de la construcción de vivienda nueva, que paso de 18.400 en 1992 a más de 126.700 en septiembre de 2006, en la cumbre de la burbuja inmobiliaria, cayendo a 7.630 viviendas en 2010. El principal motor del crecimiento se derrumbó. España no es el único país en esta situación. Los EE.UU., el Reino Unido e Irlanda ha basado también su crecimiento en una burbuja inmobiliaria a principios de la década del 2.000. Estos son los países más afectados por la crisis que comenzó en 2007. Todos ellos tienen en común con España, que han impulsado el crecimiento económico artificialmente por la deuda privada.

Al igual que los países que acabamos de mencionar, España está experimentando una crisis bancaria, que pone en peligro su estabilidad financiera. Los bancos españoles son esencialmente bancos comerciales, por lo que fueron menos directamente afectados por la crisis hipotecaria de alto riesgo, que otros bancos europeos. Pero también tienen sus propios activos “dudosos” (El Banco de España establece los créditos “dudosos” (los que tienen facturas pendientes de pago de más de 90 días y los que los prestamistas han planteado dudas sobre los compromisos): Los créditos a la construcción y a la promoción inmobiliaria (en 2009, representaron el 40% del PIB español), el crédito a los hogares y la deuda soberana europea. En junio de 2011, el Banco de España estimaba que más del 16% del total de los activos bancarios españoles, estaban en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria eran unos activos “dudosos”. En cuanto a la exposición de los bancos españoles en la deuda soberana europea, fue estimada al 31 de diciembre de 2010, en 245 mil millones de euros, cuyo 7,3% del total de los activos de los bancos españoles representaba un 94,6% de la deuda española, (En diciembre de 2010, los activos totales de las entidades financieras en España ascendió a más de 3.475 millones de euros. En diciembre de 2009, representó casi el 350% del PIB).

Por otra parte, España ya no es vista como “buen alumno” de la zona euro en las finanzas públicas: el superávit del 2% del PIB en el período 2006-2007 se convirtió en uno de los mayores déficits de la zona, es decir 11 puntos porcentuales del PIB en 2009 y todavía 9 puntos en el 2010. Este déficit puede ser dividido en 1,5 puntos porcentuales de las tasas de interés, 5,5 puntos de déficit coyuntural (debido a la caída de la actividad en 13,4 puntos en comparación con la tendencia anterior a la crisis) y 2 puntos de déficit estructural primario.

Aunque la tasa de endeudamiento público español sigue siendo una de las más bajas, que se estima en un 60% del PIB a finales de 2010, frente al 85,5% para la zona euro, los mercados desconfían de las capacidades de la economía española para mantener su situación financiera, debido a las debilidades estructurales.

La crisis económica y social agravada por las políticas de ajuste

Frente a la crisis, la política económica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se basa en dos fases. Al igual que en otros países europeos, una política de rescate de los bancos y el apoyo al crecimiento presupuestado por primera vez. Luego seguirían las políticas de austeridad.

El verano de 2008, se puso en marcha el “Plan de Estimulo Español de la Secretaría de Economía y El Empleo”, denominado “Plan E”, que contenía 91 medidas agrupadas en cuatro áreas: la ayuda a los hogares y las empresas, la promoción del empleo, las ayudas al sistema financiero, y las medidas de modernización económica. A este plan, hay que añadir otros tres planes de menor envergadura. Un plan para incrementar las líneas de crédito otorgadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pequeñas y medianas empresas y para  “Viviendas de Protección Oficial” dotado de 35 millones de euros en 2009 y 2010. El “Plan Renove” para renovar viviendas y de la infraestructura hotelera con la creación de nuevas líneas ICO de crédito por un importe de 2,5 millones de euros. El plan de “Vehículo Innovador Vehículo Eficiente”, con una asignación anual de 1,5 millones de euros en créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés (“Créditos blandos”) para renovar el parque automovilístico y apoyar a la industria. Este plan se acompañaba de tres medidas de austeridad: reducción de 20 millones en los gastos del Estado para 2008, reducción de la oferta de empleo público en 2009, congelación de los salarios en la administración pública, organismos y empresas públicas. Un año después de su aprobación, este plan ha permitido al gobierno inyectar 50 mil millones de euros el 2% del PIB, reducir la presión fiscal sobre los hogares y las empresas un 3% del PIB pero no ha logrado detener las pérdidas de empleo (de diciembre 2008 a diciembre 2009, la tasa de desempleo aumentó del 13,9% al 18,8% y, de menores de 25 años, de 31,3% a 39,7%).

En octubre de 2009, el Gobierno aprobó un segundo “Plan E II”, con la creación de un fondo de 5 mil millones de euros, con los que esperaba estimular un nuevo modelo de crecimiento basado en las energías renovables, las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible y crear 200.000 puestos de trabajo. La crisis de deuda soberana europea interrumpió la implementación del segundo Plan E.

En mayo de 2010, el gobierno español como un “buen alumno” da un ejemplo a sus compañeros europeos, se apresura a establecer un severo programa de estricta austeridad y se olvida de sus prioridades de principios de la crisis que fueron el empleo, el nuevo modelo de crecimiento, el mantenimiento de las conquistas sociales. La disminución del presupuesto del Estado en 50 mil millones de euros hasta el 2013, la bajada de un 5% sobre los salarios medios de los funcionarios, la congelación de la jubilación en 2011, una reforma del mercado de trabajo y la reforma de las pensiones son las principales medidas de este programa.

El gobierno español reformó el mercado de trabajo con un triple objetivo: reducción de los contratos precarios, el aumento de la flexibilidad interna en el trabajo para lograr una mayor competitividad, y un incentivo para la contratación de los desempleados con cargas sociales (Real Decreto-Ley 10/2010, 16 de Junio, de Medidas urgentes párrafo la Reforma del Mercado del Trabajo). Esta nueva ley se supone que debería reducir las desigualdades entre trabajadores estables y bien protegidos, y otros, muy numerosos, que tienen contratos precarios (entre diciembre de 2000 y diciembre de 2006, la proporción de contratos temporales se incrementó del 32,1% al 33,8%). Esta política contribuiría a generalizar un nuevo tipo de contrato indefinido, con menos indemnizaciones por despido, lo cual es una medida particularmente inoportuna en tiempos de aumento del desempleo.

Por otra parte, el gobierno español continuó con las privatizaciones, y se comprometió con un programa de reestructuración de las cajas de ahorros que permite al Estado a retirar de estas instituciones paraestatales a menudo muy cercanas de los gobiernos regionales y muy activas en la financiación de las comunidades autónomas (el programa de reestructuración de las “Cajas de Ahorros” tiene tres fases: la ley “del FROB” (Fondo de Ordenada Bancaria Restructuración) de 9/2009 que impulsa el proceso de fusión de Cajas, la ley 11/2010 que modifica el forma jurídica de las Cajas, y les da la condición de acceso de los bancos y el aumento a los mercados, y la Ley 2/2011 llamada el fortalecimiento del sistema financiero español, que exige el cumplimiento de las Cajas del coeficiente de solvencia del 8% al 10% – Core). Esta reforma ha obligado a las Cajas (cajas de ahorro) a fusionarse y luego crear un nuevo banco comercial que este sujeto a la “disciplina de mercado”. Antes de la reestructuración, España contaba con 45 Cajas, ahora no son más de 18 de las cuales el 98% son bancos, el número de empleados por oficina se ha reducido del 9% al 23%. El coste de la recapitalización de las Cajas ascendieron a 13,4 mil millones de euros, de los cuales el 56,4% han sido aportados por el Estado, el resto por mercados.

La reducción del déficit público y el control de la deuda se han convertido en la prioridad de Gobierno español. España quiere ser el primero de la “clase europea”. En respuesta a la llamada del 16 de agosto 2011 por A. Merkel y N. Sarkozy, el parlamento español aprobó, en septiembre, con una abrumadora mayoría, la enmienda de la modificación de la Constitución española de la “regla de oro” que limita el déficit público. Esta regla va acompañada de una ley que será votada en el verano de 2012 y desde 2020 se estableció un déficit público hasta el 0,4% del PIB. Pero los mercados son ingratos: no están convencidos por del celo español ya que el 15 de Septiembre de 2011, los intereses de los bonos del Estado español fueron del 5,4% frente a una tasa del 1,9% para los bonos del gobierno alemán, o una prima de riesgo del 3,5%. Los esfuerzos del gobierno español no están bien recompensados por las agencias de calificación de que bajan una tras otra sus notas a España. La agencia Standard and Poor, por ejemplo, atribuyó su nivel más alto de calificación crediticia AAA a la deuda española el 13 de diciembre 2004, degradándola a AA+ el 19 de enero 2009 y todavía más a AA el 28 de abril 2010 y, finalmente, al parecer, poco convencida por la política austeridad, la calificaron a AA- a mediados de noviembre de 2011.

El impacto social de la crisis es enorme. Hay, en primer lugar, un aumento brusco del  desempleo, con casi 4,8 millones de desempleados en junio de 2011, con una tasa de desempleo del 21%, el más alto de la zona euro, sobre todo en los jóvenes (46%). Los indicadores de inseguridad en el empleo son también muy desfavorable para España: 27,5% de los empleados tienen contratos temporales desde 2007 hasta 2011, sólo el 16,1% de media en la zona euro. Las familias no solo pierden sus puestos de trabajo sino también sus casas: en 2010 había casi 300.000 desalojos de familias insolventes. Los resultados de Investigación de ACV “de la Encuesta condiciones Vida” en 2011, los hogares españoles se han empobrecido. En un año, vieron caer su ingreso anual en promedio de un 4,4%. Más del 21% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el 26,1% de los hogares tiene dificultades para llegar a final del mes, y uno de cada tres hogares ha dicho que no podía hacer frente a gastos inesperados.

El futuro incierto de la economía española

La crisis puso de manifiesto las dos caras de la economía española. Por un lado, un proceso de rápido desarrollo económico desde la entrada en el Mercado Común en 1986. Durante dos décadas, España ha sido considerado como uno de los países más dinámicos de Europa. Para satisfacer la creciente demanda, España efectuó importaciones masivas procedentes de los países más avanzados del Norte Europa; los excedentes de estos países fueron reinvertidos en España, especialmente en el sector inmobiliario. España ha permitido a los inversores extranjeros obtener altos rendimientos durante la burbuja inmobiliaria entre 2001 y 2006. Estos últimos tienen una cartera de inversiones por valor de más de 92 mil millones de euros en promedio anual, es decir cerca del 10% del PIB. Por su parte, los grandes grupos españoles, ya sea sean el Banco Santander, Telefónica, BBVA, Zara, están haciéndolo bien con su actividad en el extranjero, especialmente en América Latina (A finales de mayo de 2011, estos tres grupos se encontraban en la vanguardia de las 50 mayores empresas europeas capitalizadas -Banco Santander clasificada en 3ª en lugar del índice Euro Stoxx 50, detrás de Siemens y Total, el 4º lugar de Telefónica y el 15º lugar el BBVA-Verano 2011, The Bankers clasifica en 9ª lugar de todos los bancos mundiales en términos de beneficios realizados al Banco Santander y al BBVA en 19ª lugar. En 2010, las ganancias de Telefónica aumentaron un 30,8% y el grupo despidió a 6.000 empleados para mantener su competitividad). Pero el “milagro” español no se sostiene porque la economía se ha visto impulsada artificialmente por la burbuja inmobiliaria, con el endeudamiento de las familias y las ayudas europeas. Como consecuencia de la crisis, esta se ha agravado por las políticas de austeridad, España muestra un nuevo rostro inquietante. El desempleo está aumentando de manera espectacular, especialmente entre los jóvenes, la economía sumergida se expande y la precariza (Según un estudio realizado por catedráticos de la universidad española para la fundación “Funcas”, la economía sumergida aumentó rápidamente a partir de los años 90 para alcanzar hoy el 21,5% del PIB español. Para el período 2005-2008, se estiman en 66 mil millones de euros las pérdidas fiscales para el Estado español). las relaciones estatales y sociales se rompen, la emigración cobra importancia y la población española puede disminuir (En 2010, los migrantes son más de 5,7 millones, es decir más del 12% de la población española, y los inmigrantes procedentes de Rumanía y los marroquíes son los más numerosos -14,5% y 13,1% de los emigrantes totales-. Después de 10 años de crecimiento, la natalidad española disminuyó en el año 2009 con un promedio de 1,39 hijos por mujer). Las políticas del gobierno conservador de Rajoy van a endurecer la austeridad salarial, la reducción de la fiscalidad empresarial y de las rentas altas, lo que podría agravar la recesión y deteriorar las finanzas públicas. El movimiento de los indignados, lleva un mensaje de rebelión y de cambio social, que refleja la falta de perspectivas para España atrapada por la deuda y las políticas ineficaces y antisociales. Sólo una recuperación coordinada con todos los países de la Unión Europea, teniendo en cuenta la situación específica de cada país miembro, podría sacar a Europa y España de la peligrosa espiral deflacionista que puede venir.

Texto original en francés

Economistas Aterrados

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