No somos culpables de la crisis económica y del paro

Cristina Cifuentes y los hombres encapuchados vestidos de negro

Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid

Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid

Han pasado varios días desde la manifestación del 25S pero sus secuelas aún perviven entre nosotros. Las imágenes de las brutales cargas policiales con más de sesenta heridos, uno de gravedad, se han grabado en nuestras retinas y nuestro cerebros y son difíciles de olvidar. Así como las detenciones indiscriminadas, el asalto injustificado a la estación de Atocha y el allanamiento de bares para intimidar a los allí congregados. Las imágenes del 25S que podemos ver en Google (7.270.000 imágenes) y vídeos en YouTube (9.500 vídeos) han recorrido todos los países del mundo, y han sido portada de los principales medios de comunicación internacionales.

La imagen que está dando España en el extranjero es esperpéntica; pero no por las manifestaciones y protestas de sus ciudadanos -más que justificadas-, sino por la indolencia de sus gobernantes, por sus mentiras, por sus manipulaciones, por su incapacidad para cortar de raíz la corrupción y el fraude fiscal, y sobre todo por no plantar cara a los mercados financieros y a la Unión Europea.

La incapacidad del Gobierno para solucionar la crisis económica, social, política y de valores, la traduce en culpabilizar a los ciudadanos, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”; y en criminalizar a los pacíficos manifestantes, “son radicales, alborotadores y antisociales”.

Al Gobierno no le agrada que ciudadanos de toda España se manifiesten en Madrid, y mucho menos si es una manifestación como la del 25S (Rodea el Congreso) en la que se pide se inicie un proceso constituyente. Ya no solo es el malestar y el hartazgo por la actual situación de crisis; sino que ante la incapacidad de los partidos políticos para solventar los problemas dentro del actual sistema, algunos ciudadanos piden un nuevo sistema político con la apertura de un proceso constituyente (del que tengo serias dudas que trataré de exponer en otro artículo). Y es ahí donde se encienden las alarmas y se le dan ordenes a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para que actúe con contundencia, para lo cual el Ministerio del Interior pone a disposición de la delegada del Gobierno más de 1.300 policías antidisturbios procedentes de 30 de los 52 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional. Estas unidades de intervención montan un dispositivo alrededor del Congreso de los Diputados con tres anillos de seguridad, lo que hacia prácticamente imposible llegar hasta las puertas del Congreso, algo, que por otra parte, no era el objetivo de los manifestantes, según comunicaron los propios convocantes de la manifestación.

Lo que sí es cierto, es que las unidades de intervención optaron de antemano, y esto no se improvisa, por la técnica de kettling (llamada también de encapsulamiento) con el objeto de “taponar” las entradas y salidas de las calles para “encapsular” a los manifestantes o personas que por allí transiten y reprimirlos indiscriminadamente, incluso entrando en bares y comercios.

Una manifestación que estaba prevista como pacifica se convirtió en batalla campal cuando un pequeño grupo de manifestantes encapuchados y vestidos de negro que portando escudos tras una pancarta y portando banderas rojas de palo largo increparon y golpearon con el largo palo de sus banderas a la policía antidisturbios e intentaron derribar las vallas; es entonces cuando la policía antidisturbios cargo con inusitada violencia contra los manifestantes, lo demás es de sobra conocido. ¿Pero quiénes eran los encapuchados vestidos de negro?. Se dice que eran policías infiltrados con ordenes de provocar para que intervinieran los antidisturbios. La policía  asume que solo tiene infiltrados para detectar a posibles provocadores. Es cierto, la policía siempre infiltra agentes entre los manifestantes para detectar provocadores; pero entonces, ¿porqué no detectó a los hombres encapuchados vestidos de negro?, solo cabe la explicación: que eran de los suyos, o gente pagada por ellos, o los grupos nazis que estaban apoyando la toma del Congreso de los Diputados, según la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; en cualquiera de los casos utilizaron la táctica de los “Black bloc” (Bloque Negro) para no ser identificados.

Si los manifestantes hubieran sido violentos, ¿cómo se explicaría el que salieran indemnes los antidisturbios que se cercaron ellos mismos, en un error táctico, entre los manifestantes?. No hubo violencia, la violencia la provocaron ellos.

Lo que verdaderamente ocurrió, según la versión de Mr D, se puede ver en su blog “El Gran Despertar al Cambio de Era“. Es una versión de las muchas que circulan por la red, pero esta, según dice, la vio el en directo.

No hay duda, y está más que claro que al Gobierno le interesaba provocar a los manifestantes. No podía consentir que los pacíficos manifestantes se salieran con la suya; había que provocarlos para poder reprimir y detener manifestantes, criminalizarlos y acusarlos de un delito contra el Estado ante la Audiencia Nacional (Antiguo Tribunal del Orden Público) y sobre todo vejarlos en las comisarias. Se trata de infundir miedo y temor a los ciudadanos para que estos no se movilicen, sin querer darse cuenta que ante toda acción surge una reacción igual o de signo contrario. Los ciudadanos hemos perdido el miedo, y muchos no tenemos nada que perder.

La mano ejecutora, no era otra que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, cuyo marido está para la Justicia en ignorado paradero y que ella misma con su nombre y apellidos aparece citada junto al de su marido en un edicto de un juzgado de Gijón. Pues bien, al margen de sus cuitas con la justicia, a Cristina Cifuentes le gusta ir de incognito o infiltrase en las asambleas del 15-M, como ella misma reconoce “Me gusta dialogar hasta con los del 15-M“. Hoy ya no le debe de gustar tanto porque pide “modular” el derecho de reunión y manifestación reformando la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión; además de identificar y sancionar administrativamente a los “grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada la calle” todos los viernes.

El Partido Popular nos está llevando hacia un estado policial; no solo con la actuación de la Policía Nacional, sino también con las policías locales, y no hay mejor indicio que el de su actuación en Palma de Mallorca, según el Foro Policía: “La Policía Local crea una brigada para infiltrase en protestas y conectada al CNI“.

El Partido Popular no solo recorta los derechos de los trabajadores y los derechos sociales: educación, sanidad, servicios sociales y de dependencia; sino que quiere recortar también los derechos fundamentales y de las libertades públicas consagradas en la Constitución española. Las declaraciones de Cristina Cifuentes y de Jaime Mayor Oreja así lo confirman. Mientras tanto, Jueces para la Democracia dicen que Cristina Cifuentes se sitúa fuera de la Constitución.

No nos van a hacer callar, por mucho que quiera intimidarnos el Gobierno y los dirigentes del Partido Popular. El próximo domingo, 7 de octubre, habrá manifestaciones en todas las capitales de provincia de España convocadas por la “Cumbre Social”. Ahí estaremos.

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