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El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, un lobo vestido con la piel de un cordero

Ruiz Gallardón, ministro de Justicia

Ruiz Gallardón, ministro de Justicia

Ruiz Gallardón, con cara de niño bueno -de los que nunca han roto un plato- se autodefine ideológicamente como un conservador progresista y un “fraguista puro”. A pesar de la aparente contradicción ideológica, en el fondo no lo es, no deja de ser un lobo conservador y fraguista (no olvidemos que su mentor en la política fue Fraga Iribarne en los tiempos de Alianza Popular) vestido con la piel de un cordero progresista.

Este hombre, conservador en su fuero interno y con la imagen de progresista que le dan los medios de comunicación, acaba de asestar un duro golpe al acceso de los ciudadanos a la Justicia al aprobar el Parlamento con nocturnidad, premeditación y alevosía las tasas judiciales para todos los ciudadanos, mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; que según sus redactores, viene justificada por la sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional.

Distinto es el parecer de los jueces, que opinan que estas tasas son inconstitucionales por razón de cuantía, siendo un “gravísimo obstáculo” para acceder a la Justicia.

El objetivo del Gobierno no es otro que el de dificultar el acceso de los ciudadanos a la Justicia aplicando unas tasas disuasorias que incluso son más altas que las cantidades a reclamar en los juzgados -recurrir una multa de tráfico no merecerá la pena hacerla-.como reconoce el propio ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.

El problema de saturación de casos en la Justicia española no se debe de resolver mediante tasas disuasorias, sino mediante la dotación de mayores medios humanos y técnicos y una mejor planificación. España es el país de la Unión Europea con menor número de jueces por habitante (10,3 jueces por 100.000 habitantes) frente a la media europea (19,8 jueces por 100.000 habitantes). Pero para el Gobierno, esto es lo de menos, lo demás, es disuadir al ciudadano a que acuda a la Justicia para recurrir los abusos de las empresas, que por otra parte no se resuelven ante los tribunales de arbitrajes de consumo ni de mediación social.

En conclusión, una Ley injusta, chapucera y anticonstitucional rechazada en bloque por jueces, fiscales, abogados y ciudadanos en general. El Gobierno debería dotar de más presupuesto a la Justicia para que pueda cumplir su función en una sociedad democracia. Y si tiene que hacer algún recorte presupuestario, que lo haga de las partidas presupuestarias de ayudas a las más de 40.000 empresas que las recibieron en el último año (según e-informa).

Al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que hoy ha tachado de conservadores a quienes critican su ley de tasas judiciales y les ha acusado de querer mantener el “antiguo régimen”, decirle que no todas las leyes eran malas en el antiguo régimen -su mentor, Fraga Iribarne, y muchos de sus compañeros, hoy en el PP hicieron y votaron  aquellas leyes- y que esta Ley que él defiende con tanto ahínco, no es progresista, como él dice, es retrograda, injusta y anticonstitucional. Mientras tanto, su compañero Feijóo, presidente de Galicia le pide que lo reconsidere.

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