No somos culpables de la crisis económica y del paro

La reforma de la Administración Local es una nueva falacia del Gobierno que atenta contra la autonomía municipal, la democracia local y la participación ciudadana.

AyuntamientoZaragozaLas reformas neoliberales del Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, están sumiendo a la ciudadanía española en una profunda pauperización. No conformes con destruir el “estado del bienestar” desde el Gobierno de la Nación y desde las Comunidades Autónomas que gobiernan, ahora prenden hacerlo desde los municipios, a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que modificará la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, argumentando para ello, la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos europeos sobre la consolidación fiscal que le viene impuesta en el Memorándum de Entendimiento sobre el sector financiero, y a la que la Administración Local también debe de contribuir, racionalizando su estructura, en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera.

Según la introducción explicativa del proyecto de Ley, esta persigue varios objetivos básicos:

  • Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”.
  • Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
  • Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
  • Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Lo que en un principio pareciera lógico y razonable, tras la lectura del Proyecto de Ley se desprende todo lo contrario; es una nueva falacia del Gobierno del PP y una agresión a los ciudadanos españoles a través de la degradación y sumisión de los Ayuntamientos al poder y a la tutela del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Diputaciones y Cabildos, cercenando la autonomía municipal garantizada por el artículo 140 de la Constitución española.

Pero lo que en realidad persigue el Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, con este Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es:

  • Reducir la autonomía municipal y la participación ciudadana.
  • Disolver los pequeños municipios a través de la fusión de los mismos, con pleno desconocimiento de la realidad municipal.
  • Suprimir entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio.
  • Suprimir las actuales competencias municipales relativas a la educación, la salud, los servicios sociales, la inspección sanitaria y a la defensa de usuarios y consumidores, asumiendo la titularidad de las mismas las Comunidades Autónomas.
  • Hacer depender de las Diputaciones Provinciales o Entidades similares los servicios municipales de: Recogida de residuos; Limpieza viaria; Abastecimiento domiciliario de agua potable; Acceso a los núcleos de población; Pavimentación de las vías públicas y el Tratamiento de residuos urbanos; de las poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. Y que además serán tutelados por el Ministerio de Hacienda y Administración Local y las Comunidades Autónomas.
  • Pretender que la iniciativa privada gestione los servicios públicos antedichos, iniciando la vía a la privatización de los mismos.
  • No abordar el efectivo control financiero, presupuestario y de legalidad, mediante la eliminación de la libre designación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención y Tesorería), en los grandes Municipios, Diputaciones y Entidades similares.

Como veremos más adelante, con esta nueva Ley, el Gobierno no pretende la “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, sino la reducción de la autonomía municipal y la de sus presupuestos de ingresos y gastos; tutelando sus políticas presupuestarias, suprimiendo sus competencias y transfiriendo su titularidad a las Comunidades Autónomas, en perjuicio de los ciudadanos.

De toda la estructura territorial en la que se organiza el Estado español, los municipios, con sus respectivos ayuntamientos, son los más cercanos a los ciudadanos. Los Ayuntamientos, desde esta cercanía, y mediante la participación ciudadana, vienen atendiendo de manera inmediata las demandas de los ciudadanos, incluida la atención a los ciudadanos más necesitados y desamparados, que en estos momentos de crisis económica están aumentando día a día.

La consolidación fiscal: La excusa del Gobierno del PP para promover esta Ley.

Aunque las políticas de reformas y de recortes sociales que está aplicando el Gobierno vienen desde el primer día en que tomaron posesión; estas se han venido incrementando desde el 25 de junio de 2012, fecha, en la que el Gobierno español solicitó asistencia financiera externa en el contexto de la reestructuración y la recapitalización del sector bancario español, siéndole concedida mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre el sector financiero (MoU), en el que España se comprometía a cumplir plenamente con sus compromisos y obligaciones en el marco del procedimiento de déficit excesivo y las recomendaciones para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos.

El Gobierno pretende ahora que sea también la Administración Local quien contribuya a la consolidación fiscal, como si ésta no lo estuviera ya haciendo. En realidad, lo que pretende es recortar 8.000 millones de euros en tres años; y para ello, nada mejor que suprimir competencias municipales, entre ellas, las de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social. Con esta supresión de competencias los Municipios dejarían de percibir estos 8.000 millones de euros provenientes de la participación municipal de los tributos del Estado.

Para convencer a los ciudadanos españoles, el Gobierno del PP acusa a los Ayuntamientos de de tener un excesivo déficit y de haberse endeudado por encima de lo que sería razonable. Pero las cifras desmiente esta acusación: Las Entidades Locales, en su conjunto, cerraron el ejercicio del año 2012, con un 0,2% de déficit sobre el PIB, frente al 1,73% de las Comunidades Autónomas, y frente al 3,83% del Estado. [FEMP]. Con respecto a la deuda pública, a finales del año 2012, la deuda de España era de 883.873.000.000 euros, un 84,22% del PIB; mientras que la deuda viva de las Entidades Locales era de 41.939.299.000 euros, un 3,996% del PIB [Deuda viva de las Entidades Locales]. En el segundo trimestre de este año, la deuda de España se elevaba a los 943.410.000.000 euros, un 92,30% del PIB, mientras que el crecimiento  de la deuda de las Entidades Locales crecía menos que el de la Administración General del Estado. [FEMP].

Si bien es cierto que algunos Ayuntamientos, principalmente los grandes, se han endeudado en demasía, hay otros muchos Ayuntamientos medianos y pequeños que no lo han hecho. También es cierto que ha habido Ayuntamientos que se han endeudado para realizar grandes obras “emblemáticas”, como les gusta decir a muchos de sus procederes. Pero hay otros que se han tenido que endeudar para dotar de los servicios mínimos obligatorios a las nuevas urbanizaciones que se han ido construyendo a lo largo de estos últimos años con el “boom del ladrillo”: Hay que dotarlas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, vertido y depuración de aguas residuales, alumbrado público, limpieza viaria, recogida de residuos, transporte público; además de equipamientos sociales, culturales y deportivos; demandados estos últimos por los ciudadanos que habitan en dichas urbanizaciones, y que en muchas ocasiones no han podido ver satisfechas sus reivindicaciones.

Además de lo anterior, algunos Ayuntamientos han tenido que ir supliendo las carencias provocadas por los recortes en los servicios sociales, que tanto el Gobierno de la Nación como los de las Comunidades Autónomas, han venido realizando estos últimos años. Todo ello sin contar con un nuevo modelo de financiación de la Administración Local, como viene reivindicando desde hace años la Federación Española de Municipios y Provincias.

¿Hay suficientes motivos para aprobar esta nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en base a la consolidación fiscal?, cuando la Administración Local es la más cumplidora de entre todas las Administraciones Públicas.

La duplicidad de competencias: La excusa del Gobierno del PP para la suprimir las competencias municipales relativas a la educación, la salud, los servicios sociales, la inspección sanitaria y la defensa de usuarios y consumidores, asumiendo la titularidad de las mismas las Comunidades Autónomas.

Si el primer objetivo básico de la nueva Ley es clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”, veremos que esto no es así.

No existen duplicidad de competencias reales entre Municipios y Comunidades Autónomas, por más que se insista en ello. La actual Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, explicita cuales son las competencias municipales, y en función de estas, los Municipios las han ido desarrollando. Además, si las hubiera, lo más lógico sería que las Comunidades Autónomas las cedieran a los Municipios, al ser estas Administraciones las más cercanos a los ciudadanos, y no a la inversa como se pretende con la nueva Ley. Además, para constatar que no existen duplicidad de competencias, no hay más que comprobar cómo en la nueva Ley se hace mención a la asunción de las competencias Municipales que se suprimen pasan a la titularidad de las Comunidades Autónomas.

Por contra, donde se producen duplicidad de competencias es entre las Diputaciones Principales y las Comarcas (Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde las Comarcas tienen las mismas competencias que las Diputaciones Provinciales). Y en este caso, los legisladores no lo han querido tener en cuenta. O sobran las Diputaciones Provinciales o sobran las Comarcas, pero ambas juntas son todo un despropósito.

Las preguntas que nos debemos de hacer los ciudadanos si se aprueba  esta nueva Ley son: ¿Dejaran de prestar los Municipios estos servicios suprimidos?, ¿Los incluirán en los próximos presupuestos?, ¿Serán las Comunidades Autónomas quienes los presten?, ¿Cómo y de qué manera?, ¿Los Municipios traspasaran a las Comunidades Autónomas el patrimonio, personal y dotación presupuestaria de estos servicios?.

Por lo pronto, ya existen quejas de algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, en la que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Salvador Victoria, considera que la reforma local es “inviable” para las comunidades, cifrando en más de 500 millones de euros los que serían necesarios para asumir los servicios sociales. [madridiario.es].

Competencias municipales que se suprimen y que son asumidas por la Comunidades Autónomas, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:

De las competencias municipales establecidas en la actual Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad suprime las siguientes competencias:

Competencias relativas a la educación: Se suprimen las competencias de “Participación en la programación de la enseñanza” y la de “Intervenir en los órganos de gestión educativa”. Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como propias del los municipios relativas a ” Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales. (Disposición adicional decimoquinta de la nueva Ley)

Competencias relativas a la salud: Se suprime la competencia de “Participación en la gestión de la atención primaria de la salud”, que con la nueva Ley corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio. (Disposición transitoria primera de la nueva Ley).

Competencias relativas a los servicios sociales: Se suprimen las competencias de “Prestación de servicios sociales” y de ” Promoción y reinserción social”, cuya titularidad asumirán las Comunidades Autónomas, quienes podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio. (Disposición transitoria segunda de la nueva Ley). La “Prestación de servicios sociales”, con la actual Ley 7/1985, es de obligado cumplimiento en municipios con población superior a 20.000 habitantes; con la nueva Ley, la competencia queda relegada a la mera “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

Competencias relativas a la inspección sanitaria: Se suprimen las competencias de “Mataderos” y de “Control de alimentos y bebidas”, esta última es de obligado cumplimiento en todos los municipios de acuerdo con la actual Ley 7/1985. Con la nueva Ley, estos servicios serán prestados por las Comunidades Autónomas. (Disposición transitoria tercera de la nueva Ley).

Competencia relativa a la defensa de usuarios y consumidores: Esta competencia municipal ha sido suprimida en la nueva Ley, sin hacer otra referencia a la misma.

Delegación de competencias de las Comunidades Autónomas a los Municipios:

La nueva Ley modifica sustancialmente el artículo 27 de la Ley 7/1985, referido a la delegación de competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades locales en los Municipios. Suprime la delegación de competencias de otras Entidades locales en los Municipios. Especifica una serie de competencias que podrían ser delegadas en los Municipios, entre las que se encuentran algunas de las competencias que suprime a los Municipios, como: la Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

Además, suprime el artículo 28 de la Ley 7/1985, que dice: “Los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”.

Cuadro comparativo de competencias municipales: Una comparación de las competencias municipales enumeradas en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el de las enumeradas en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se pueden obtener en formato pdf en: [Cuadro comparativo].

El Gobierno del PP quiere hacer depender de las Diputaciones Provinciales o Entidades similares los servicios municipales en Municipios con población inferior a 20.000 habitantes con el objetivo de la privatización de los mismo.

Con esta grave intromisión en la autonomía municipal consagrada por la Constitución española, el Gobierno del PP no busca otro objetivo que el de pretender que la iniciativa privada gestione los servicios públicos competencia de estos municipios, iniciando así, la vía a la privatización de los mismos.

Con la nueva Ley, los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes que no puedan acreditar la prestación de servicios a un coste efectivo menor que el que el que dispongan las Diputaciones Provinciales, serán éstas quienes los presten directamente o a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Dichos servicios son: “Recogida de residuos”, “Limpieza viaria”, “Abastecimiento domiciliario de agua potable”, “Acceso a los núcleos de población”, “Pavimentación de las vías” y “Tratamiento de residuos”. Para que las Diputaciones puedan prestar estos servicios deberán presentar ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, quien decidirá sobre la propuesta formulada en función de la forma y de los costes efectivos del servicio que deberá de contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma.

Esta fórmula rocambolesca de prestación de servicios, en la que participan tres Administraciones Públicas (Diputaciones, Comunidades y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), para decidir cómo se prestan los servicios y a que coste, en donde los Municipios son meros espectadores, es de una ineficacia administrativa sin precedentes en la Administración Local, echando por tierra, la eficacia, la eficiencia y la efectividad que debe tener toda Administración Pública.

No es comprensible ni racional esta medida cuando en la actualidad muchos Municipios tienen cedida voluntariamente la gestión de los antedichos servicios públicos a Mancomunidades o Consorcios constituidos a iniciativa de los propios Municipios al objeto de reducir los costes y de poder prestar los mismos servicios con una mejor eficacia y calidad.

Pero no nos engañemos, detrás de esta medida, está el objetivo de conceder a la iniciativa privada la prestación de todos estos servicios, dejando al margen a los Municipios, cuyas Corporaciones deberán de sufrir las críticas de sus conciudadanos, si la prestación de estos servicios no son de su agrado y/o de mayor coste. Quienes ganaran con esta fórmula serán las grandes compañías empresariales prestadoras de estos servicios. Las perdedoras, las pequeñas y medianas empresas locales o las de su área de influencia.

No olvidemos que las grandes empresas prestadoras de servicios a las Administraciones Públicas suelen reducir los costes mediante reducciones salariales a sus empleados y peores condiciones laborales, sin que esto repercuta ni en la mejora del servicio ni en el precio público o tasas que tienen que pagar los ciudadanos.

El Gobierno del PP pretende racionalizar la Administración Local mediante la disolución de los pequeños municipios a través de la fusión de los mismos, con pleno desconocimiento de la realidad municipal. A su vez, pretende suprimir las Entidades Locales de ámbito inferior al municipio.

Si el segundo objetivo de la nueva Ley es racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, que según el Gobierno, tiene como objetivo superar la atomización municipal, vemos cómo esta racionalización, pasa por la disolución de Municipios con sus Corporaciones locales, mediante el fomento de la fusión de municipios. Para ello, nada mejor que premiar al municipio resultante de esta fusión dispensándolo de prestar nuevos servicios mínimos por razón de su aumento poblacional, además de tener preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia.

La aprobación del convenio deberá de ser decidido por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. Es decir, independientemente de lo que opinen los ciudadanos de ese municipio. ¿Donde se queda la participación ciudadana?.

Al parecer el Gobierno desconoce cuál es la realidad municipal y la idiosincrasia de sus habitantes. Los que se pudieran fusionar, son pequeños municipios, muchas veces muy distantes entre el Municipio que resultase de la fusión. ¿Qué opinaran los ciudadanos de esos municipios cuando se tengan que desplazar para realizar gestiones, presentar reclamaciones u obtener certificados?. ¿Es que nadie piensa en ellos?.

Pero los que lo llevan más crudo son las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio que podrían ser disueltas por las respectivas Comunidades Autónomas si en el plazo de tres meses a la entrada en vigor de esta nueva Ley no hubiesen presentado sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la respectiva Comunidad Autónoma.  Espero que las Diputaciones Provinciales les gestionen con diligencia sus respectivas cuentas.

En todo el Proyecto de Ley no encuentro ni una sola medida efectiva para racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, que no sean las de disolución por fusión.

El Gobierno del PP pretende que se garantice el control financiero y presupuestario de los Municipios con medidas coercitivas y sin eliminar la libre designación de los funcionarios que tienen que garantizar dicho control financiero y presupuestario.

Para que pudiera existir un mayor control financiero y presupuestario en los Municipios se debería de haber dotado de mayor poder a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención), sin cuyos informes preceptivos favorables de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, los plenos corporativos no tuviesen la capacidad legal para aprobar los presupuestos.

Pero lejos de dar soluciones reales para un mayor control financiero y presupuestario y de legalidad persiste la libre designación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención y Tesorería) en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. ´

La libre designación coarta la independencia real y efectiva de estos funcionarios, aunque muchos de ellos cumplan con su función de preservar la legalidad; siempre está por encima la potestad del alcalde o del pleno. De hecho, hay veces, que por mucho que se advierta de ilegalidad, se hace caso omiso a las mismas. Otras veces, estos funcionarios pagan su “osadía” de preservar la legalidad mediante su destitución.

Pero antes de poner solución a la preservación de la legalidad y del control financiero y presupuestario, mediante las medidas antes expuestas, la nueva Ley opta por la adopción de medidas coercitivas con la inclusión de  un nuevo artículo que afectará a los Municipios que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de la deuda pública o de la regla de gastos; en este caso, estos Municipios elaboraran un plan económico-financiero de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

a)    Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.

b)    Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local para reducir sus costes.

c)    Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad local.

d)    Racionalización organizativa.

e)    Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

f)     Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

Además, se obliga a todos las Entidades Locales a calcular el coste efectivo de los servicios que prestan, comunicando los mismos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

Por todo ello, este Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, atenta contra la autonomía municipal, la democracia local y la participación ciudadana.

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