No somos culpables de la crisis económica y del paro

Criminalizar las protestas sociales debilitan la democracia

Manifestacion 22 marzo 2014El Gobierno presidido por Mariano Rajoy nos tiene más que acostumbrados a la criminalización de las protestas sociales; pero no es solo el Gobierno, sino que también lo hacen los principales medios de comunicación con sus acólitos tertulianos, -la mayoría de ellos al servicio de los poderes económicos y financieros, que son quienes los sustentan-. Si bien es cierto que muchas protestas acaban con actos de violencia callejera protagonizados por elementos aislados y extraños a los convocantes de las mismas; no es menos cierto que deben de analizarse en profundidad los motivos, que conducen a estos hechos violentos que personalmente condeno y repudio.

Al Gobierno lo que verdaderamente le molesta y preocupa es la imagen que dan ante el exterior, máxime cuando proclama a los cuatro vientos que estamos saliendo de la crisis económica y creando empleo, lo cual es parcialmente incierto -a unos les puede ir bien, pero a otros muchos les va cada vez peor, generándose las mayores desigualdades sociales jamás conocidas en España-. Por ello, cualquier manifestación y protesta es criminalizada convenientemente, aprovechándose de cualquier acto de violencia callejera para intimidar a los ciudadanos activos que acuden a las manifestaciones y protestas, así como a los ciudadanos pasivos que no acuden a las mismas, aunque en su fuero interno estén de acuerdo con lo que ellas se reivindica.

Para colmo, el Gobierno -en boca del director general de la policía- achaca las violencias habidas en las “Marchas de la Dignidad” a un intento de grupos radicales minoritaritos de provocar la “desestabilización del Estado de Derecho”. No cabe mayor despropósito en este análisis simplista y manipulador de un responsable político, cuando el bien sabe que un grupo radical es insuficiente para desestabilizar un Estado y que lo único que persiguen estos grupos es desestabilizar una manifestación de protesta pacífica. Entonces, cabe preguntarse ¿quién está más interesado en desestabilizar una manifestación pacífica?, los convocantes o el propio Gobierno que no quiere asumir su responsabilidad como causante de la mayor fractura social habida en España, con sus irresponsables políticas económicas y de recortes sociales, después de haber engañado a muchos de los ciudadanos que les votaron en las elecciones generales con un programa electoral y unas promesas que ha incumplido.

Criminalizar las manifestaciones de protesta social y acusar a sus convocantes y participantes de izquierdistas radicales es manipular la realidad. En las manifestaciones no impera la marca ideológica, sino la justicia social, la dignidad humana y los derechos constitucionales al trabajo, a las pensiones, a la vivienda, a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales… y a una verdadera democracia real.

Querer acotar el derecho a las manifestaciones y protestas pacificas mediante Leyes restrictivas es no creer en los principios democráticos; es debilitar la democracia; es no creer en ella; es vulnerar la Constitución española. Es querer una dictocracia.

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