Los recortes presupuestarios que están poniendo en práctica varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los sectores educativo, sanitario y de servicios sociales no tienen ninguna justificación sólida y real que no sea la de deteriorar estos servicios básicos del «Estado del Bienestar».
Gobiernos Autonómicos regidos por el Partido Popular (PP) como el de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Baleares, La Rioja y La Comunidad Valenciana, así como el Gobierno de la Generalitat regido por Convergencia y Unión (CIU), han comenzado por hacer recortes presupuestarios que suponen la reducción de camas hospitalarias, el cierre o la supresión de servicios en hospitales y centros de salud, la privatización de centros sanitarios o la externalización de sus servicios, las ayudas a dependientes, a la educación y universidades, … (Ver todos los recortes). Además se está pendiente de lo que puedan hacer los Gobiernos de Aragón y Extremadura, ambos regidos por el PP, aunque en Aragón con apoyo del Partido Aragonés Regionalista (PAR) y en Extremadura con el apoyo de Izquierda Unida (IU).
Tanto el PP como CIU justifican y defienden estos recortes en aras a reducir la abultada deuda pública de sus Comunidades Autónomas, como herencia del despilfarro y mala gestión de los anteriores Gobiernos socialistas (PSOE), y salvaguardar el «Estado del Bienestar». Si bien es cierto, y pueden tener razón, no es menos cierto que la Comunidad de Madrid y las Comunidades de Valencia y Murcia estuvieron gobernadas anteriormente por el PP, siendo estas Comunidades de la más endeudadas de España.
Ahora bien, el que haya que reducir la deuda pública no justifica que se tenga que hacer a costa de reducir los presupuestos en sectores básicos del «Estado del Bienestar», por otra parte, no consolidado en España, como si lo está en otros países europeos. En política, como en otros aspectos de la vida cotidiana, hay que priorizar. ¿Acaso no es prioritario mantener el «Estado del Bienestar»?.
Antes que hacer recortes presupuestarios en educación, sanidad y servicios sociales habría que redefinir las ayudas y subvenciones que se conceden al sector privado -ya sean empresas, profesionales o entidades sin ánimo de lucro- suprimiendo o reduciendo las mismas. En España la concesión de ayudas y subvenciones se ha generalizado de tal manera que existen empresas y consultoras profesionales que se dedican a informar a sus clientes de las ayudas y subvenciones que conceden las Administraciones Públicas haciéndose cargo de la tramitación y gestión de las mismas. Causa sorpresa que ningún Gobierno -de todas las Administraciones Públicas-, hayan tomado la decisión de recortar estas ayudas y subvenciones contempladas en sus respectivos presupuestos (capítulos de transferencias corrientes y de capital).
Asimismo, habría que suprimir o reducir todos aquellos gastos e inversiones que no sean de interés estratégico nacional y que no sirvan para generar actividad productiva en sectores de innovación tecnológica; igualmente suprimir organismos y empresas públicas cuyos cometidos y funciones puedan ser realizadas por el personal de plantilla de las Administraciones Públicas, así como las delegaciones que las Comunidades Autónomas tienen en Madrid y en otros países (a modo de embajada) o las oficinas comerciales que tienen en el exterior; también se deberían de reducir las inversiones en obras publicas o equipamientos que no sean de necesidad justificada para uso y disfrute de los ciudadanos y que solo tienen interés político y electoral.
Resulta paradójico que mientras la Generalitat de Cataluña, gobernada por CIU, no abona las prestaciones sociales, subvenciona con más de 800.000 € a las asociaciones juveniles de los partidos políticos catalanes. También resultan llamativas las ayudas que concede el Ministerio de Cultura de España a las industrias culturales y creativas. Si se siente curiosidad se pueden ver las últimas ayudas publicadas en el BOE.
Los recortes al «Estado del Bienestar» que están haciendo los neoliberales del PP y CIU no los hacen única y exclusivamente por reducir la deuda pública, ya que podrían recortar de otras partidas presupuestarias como anteriormente he señalado. Los recortes obedecen a una clara estrategia: Deteriorar la sanidad y la educación para privatizar y externalizar los servicios que estos prestan, además de desmotivar a la clase media para que dejen de utilizar estos servicios públicos universales y gratuitos para que utilicen los servicios de salud a través de las aseguradoras con sus clínicas y hospitales privados, así como la educación en centros y universidades privadas. Hace unos meses las aseguradoras privadas que operan en España solicitaron del Gobierno desgravaciones fiscales para sus asegurados. El negocio es el negocio, como dirían algunos.
Malestar Ciudadano 
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